Casi 9 de cada 10 alquileres en España no son dignos. Este alarmante porcentaje forma parte de las conclusiones del informe de la empresa Alquiler Seguro tras la puesta en marcha de los límites marcados por el nuevo sistema nacional de precios de alquiler del Gobierno. Entre la avalancha de cifras es importante bajar a lo cotidiano y contar los proyectos de vida que hay detrás: jóvenes y no tan jóvenes que por menos de 400 euros mensuales solo pueden vivir en un zulo de 8 metros donde la ducha se confunde con la pila de la cocina, becarios que cobran 500 euros al mes con su salud mental al límite o trabajadores ya asentados a los que aún les queda mucho mes al final del sueldo por hipotecas demasiado variables o alquileres por las nubes. En la otra cara de la moneda están las 6 de cada 10 viviendas compradas al contado por élites económicas y, por otra parte, la invasión de pisos turísticos en los centros de las ciudades. Estos dos fenómenos encarecen un ‘bien de mercado’ que la Constitución insta a que sea un derecho desde hace más de cuatro décadas.
El contexto hace incontestable la puesta en marcha de políticas para que la gente joven pueda salir de casa de sus padres o llegar al ‘revolucionario’ punto en el que pueda adquirir una vivienda en propiedad. Es cierto que las competencias respecto a vivienda son limitadas y, a su vez, están residenciadas en buena parte en las Comunidades Autónomas. Sin embargo, lo importante es la actitud con la que los gobiernos afrontan una tormenta perfecta que ya sitúa este drama entre las principales preocupaciones de los jóvenes. Hay dos opciones: ser mero espectador y no hacer nada o empezar a trabajar en nuevas fórmulas efectivas que frenen la escalada de los precios.
Como siempre, en las grandes decisiones que tiene el país, mientras el PSOE aprueba la primera ley de vivienda de la democracia, el PP la boicotea. Si el Gobierno plantea unos nuevos topes del alquiler en zonas tensionadas para acertar en el impacto de las políticas, la oposición da la orden de no desarrollar sus competencias regionales en este ámbito. Si se diseña una ayuda de 250€ para los jóvenes a los que les cuesta muchísimo alquilar una casa para vivir, la derecha no ejecuta los fondos que el Ministerio de Vivienda les ha transferido. La emergencia habitacional sigue aumentando pero, en España, a parte del Plan estatal de vivienda, la primera ley de Vivienda de la democracia, los topes a las subidas del alquiler o el bono joven, se va a poner en marcha una línea para que el instituto de crédito público pueda avalarte en la hipoteca. Por otra parte, España ya moviliza parte del objetivo de 184.000 viviendas, entre construcción o rehabilitación, con el compromiso de que una tercera parte pueda ser destinada a los y las jóvenes. Hechos, no palabras.
No es responsable sostener que la mejor política de vivienda es la que no existe. Como tampoco es idóneo pensar que no debe haber un consenso a izquierda y a derecha que ponga el foco sobre las principales causas que hacen que vivir en una casa se convierta en un dolor de cabeza. La creación de un área de Vivienda reconocida dentro del Gobierno de España es un paso que se debe consolidar durante los próximos años, y la cogobernanza multinivel entre lo local, lo autonómico y lo nacional debe ser puente y no muro. En los próximos meses se celebrarán elecciones europeas y sería importante acordar un ambicioso plan europeo que combata el virus de la especulación cuyo contagio afecta por partida doble a la juventud vulnerable. Los y las socialistas renunciamos a quedarnos parados mientras se estancan proyectos de vida y queremos crear una atmósfera de derechos y oportunidades que no dejen atrás a jóvenes que necesitan herramientas para simplemente vivir bajo un techo.
Por Víctor Camino.