Desde 1970 la riqueza mundial se ha ido concentrando en tan solo un uno por ciento de la población mundial. Este hecho no es espontáneo sino que se engloba en un proceso progresivo de desregulación económica, crisis y políticas de austeridad.

Por lo general, la riqueza se acumula por una  pequeña parte poblacional. Su capacidad económica facilita la adquisición de más riqueza. Esta tendencia no parece ser contrarrestada por los organismos públicos. Causa directa de esta concentración es el estancamiento de las clases más pobres. La concentración de la riqueza en unas pocas manos es un síntoma más de la ineficaz redistribución de la riqueza, responsabilidad de las distintas administraciones públicas.

En todo este proceso hacia un reparto más desigual, la evasión fiscal ha sido clave. Los impuestos que debemos pagar todos y todas las ciudadanas y ciudadanos sin importar el estado en que vivamos sirven para redistribuir la riqueza, mantener los servicios públicos y, en su caso, el estado del bienestar.

Pierden su función cuando quienes más deben aportar a la caja común tienen la capacidad, a través de empresas fantasma, paraísos fiscales o cualquier otro método de eludir su obligación fiscal con el Estado.

Pues bien, a través de la evasión, las arcas públicas de los Estados se calcula que pierden en torno a 7 billones de euros, lo que supone un 10% del PIB mundial según Gabriel Zucman. Por esta razón, y para acabar con comportamientos injustos, insolidarios y evitables la YES (organización de jóvenes socialistas europeos) junto con la joven internacional socialista han sacado una campaña para concienciar a la opinión pública de todos los estados en los que tiene presencia, así como a los representantes políticos, de la necesidad de afrontar este problema.

Para ello se propone la creación de un Registro Global de Riqueza que recoja la fortuna de las personas físicas de todo el mundo, el órgano propuesto para su coordinación es el FMI.

Por otro lado, y para evitar que las grandes fortunas cambien de estado según los beneficios fiscales que puedan recibir, habría que imponer –como proponen las JSE junto a la YES y la IUSY- un mínimo de un 2% de impuesto de ganancias al capital.

Pero todo ello sería inútil si no se hace participar a los paraísos fiscales. Las JSE, junto con la IUSY y la YES sostienen que no es cuestión de imposibilidad sino de voluntad política. Admiten la complejidad del problema pero que, a través de la retención de pagos a paraísos fiscales y con sanciones impuestas, al menos, por potencias como la UE y Estados Unidos sería posible hacer cambiar de parecer a estos estados que no colaboran. En especial a los seis grandes (Suiza, Luxemburgo, Hong Kong etc.) que no reciben grandes beneficios de las riquezas extranjeras (rara vez llega al 3%) pero que sí dependen, y mucho, de sus exportaciones.

En el plano nacional, las JSE exigen que no vuelvan a repetirse amnistías fiscales como la del Sr. Montoro, que acabó siendo declarada inconstitucional y que sirvió como medio para blanquear el dinero de muchos defraudadores.

La lista de quienes fueron beneficiados por esta amnistía debería estar publicada y, de esta forma, dejar de amparar a quienes, de forma insolidaria, no contribuyen al sostenimiento del Estado.

Las JSE piden que se aplique la ley a aquellos que defraudan al fisco, y para ello es necesario que el Estado invierta en inspectores y técnicos capaces de detectar el fraude.