Un año más, con motivo del aniversario de la proclamación de la II República Española, la organización política juvenil quiere poner de relieve el profundo anacronismo que supone que la primera magistratura del estado sea hereditaria.

“Que la posición más alta del estado sea hereditaria es algo que sencillamente choca con el fundamento de la democracia contemporánea, no se trata ya de ideología sino de valores cívicos” destacaba Omar Anguita, Secretario General de las Juventudes Socialistas de España.

No debemos de olvidar que el artículo 57 de la constitución consagra, negro sobre blanco, la negación del principio de igualdad de género (proclamado en el artículo 14) al afirmar la preferencia en la sucesión de la corona en el mismo grado [de parentesco] del varón sobre la mujer. Una discriminación única en el ordenamiento constitucional español y que sin duda alguna es totalmente impropia de un país moderno como España.

El debate sobre la forma del Estado en España está más vigente que nunca y para JSE el punto de partida es claro, todos los puestos de responsabilidad pública de España han de elegirse democráticamente. “El refrendo popular de la carta magna hace 42 años no puede ser la única base democrática de una institución. Todos los órganos del estado han sido evaluados periódicamente en las urnas durante cuatro décadas a excepción de la Corona” señalaba el Secretario de Organización Federal de JSE, Ricardo Rosas.

Juventudes Socialistas de España es una organización republicana y así se ha declarado en sus estatutos durante toda la democracia. Creemos firmemente en los valores cívicos republicanos de libertad, igualdad y solidaridad. “No se trata de un rey u otro, el argumento no es personal, la institución monárquica es contraria a la igualdad por definición, mas allá de quien ciña la corona o cual sea su anclaje constitucional” concluía Anguita.

Bajo el lema #EsHoraDeElegir, las Juventudes Socialistas de España quieren hacer una reflexión sobre la necesidad de democratizar la Jefatura del Estado y elevarla a los niveles de legitimidad y transparencia que deben imperar en cualquier institución pública.