22 Oct, 2024
Una democracia por el bienestar digital
Una democracia por el bienestar digital

El Grupo Socialista presenta esta semana ante el Pleno del Congreso una PNL que pretende regular y reforzar la protección de jóvenes en redes sociales para evitar problemas de salud mental. El diputado y secretario general de Juventudes Socialistas, Víctor Camino, defiende la propuesta: “No sería lógico permitir que la nueva era digital sea gobernada por aquellas fuerzas que son totalmente ajenas al control democrático”

Por Víctor Camino.

La profunda transformación de nuestras vidas a causa de las redes sociales es innegable. En sus inicios se pensó que internet sería un buen mecanismo para  fomentar la democracia en países en vías de desarrollo democrático y las sociedades vieron en las redes sociales una “tecnología de liberación” o ventana de oportunidad, a través de la cual podían expresar sus ideas libremente y ampliar poder respecto al autoritarismo.

En paralelo al previsible impacto de las redes en los sistemas políticos, esta revolución supuso una nueva expectativa respecto a la mejora de las relaciones sociales o las nuevas formas de sociabilización al comprimir distancias o generar una nueva economía para ahorrar costes.

En las últimas dos décadas, las plataformas digitales han ido ocupando progresivamente nuestro tiempo libre con el propósito de captar la atención frente a las pantallas, lo que les permite recopilar datos sobre nuestro comportamiento y utilizarlos para vendernos publicidad de forma personalizada. Esta estrategia se ha basado en productos altamente adictivos, como lo son las redes sociales. La regulación de cierta información y la lucha contra la publicidad encubierta detrás de algunos mensajes harían que el uso de internet y de las redes sociales fuese más seguro.

¿Cómo regular?

Abordar estas cuestiones requiere del trabajo, dedicación y responsabilidad compartida por parte de agentes públicos y privados, poniendo el foco en cómo sofisticar una herramienta con, a pesar de sus importantes beneficios, claras externalidades negativas para las generaciones que están empezando a construir su proyecto de vida vía pantalla de móvil.

Según diversos estudios, el mal uso de los dispositivos electrónicos puede estar detrás del empeoramiento de la salud mental de los jóvenes, donde se expone que un mal uso de redes sociales se asocia a un menor nivel de autoestima y más problemas de salud mental, como depresión o ansiedad. Aunque no se haya demostrado una relación causal que confirme que las redes sociales perjudican la salud mental, es necesario implementar ciertas reformas debido al aumento de la cantidad de horas que se invierten en internet por parte de las personas jóvenes.

El contenido publicado en las plataformas digitales tiene un impacto en cómo se ve la sociedad a sí misma y, además, la cantidad de tiempo en los dispositivos y la frecuencia de su uso condiciona el impacto de las redes en la salud mental. Es innegable que este tipo de espacios ha modificado la forma en que la juventud interactúa, trabaja, estudia y obtiene información.

No sería lógico permitir que la nueva era digital sea gobernada por aquellas fuerzas que son totalmente ajenas al control democrático

La socialdemocracia tiene el deber de afrontar los desafíos de la transformación digital y de la inteligencia artificial, y es que no sería lógico permitir que la nueva era digital sea gobernada por aquellas fuerzas que son totalmente ajenas al control democrático. Este salto tecnológico debe contar con la mirada de jóvenes que asumirán las consecuencias de esta transición digital.

La propuesta

Por todo ello, el Partido Socialista presenta una iniciativa cuyo principal objetivo es reducir el impacto que el mal uso de las redes sociales tiene sobre la adolescencia y la juventud, ampliando el derecho digital a no ser molestado, así como asegurar que estas plataformas desarrollan productos y servicios digitales éticos por defecto, de manera que no tengan patrones opacos ni diseños engañosos o adictivos, ni en definitiva, puedan emplear técnicas de manipulación que influyan en el inconsciente del usuario, llevándolo a tomar decisiones que pueden ser perjudiciales tanto para la protección de su información personal como para su salud mental.

La economía de los datos hace que la información sea ‘traficable’ por empresas a las que, en su amplia mayoría, les importa más bien poco el desarrollo democrático de las sociedades. Esos datos, que definen a la ciudadanía, podrían ser muy beneficiosos para llevar a cabo políticas públicas eficaces y eficientes con el límite del respeto a los derechos constitucionales y la protección de datos.

Hay un freno que impide a las instituciones aprovechar toda la digitalización y esa parálisis se resume en una pregunta: ¿Por qué nos fiamos tanto de las corporaciones privadas y confiamos tan poco en las instituciones públicas a la hora de ofrecer nuestros datos? La culpa no es de la ciudadanía, la responsabilidad es única y exclusivamente de unas democracias que han seguido desarrollándose de forma analógica mientras irrumpía una revolución digital que lo ha transformado todo.

Derechos digitales

Gobernar el cambio tecnológico supone evitar que las grandes multinacionales, que ganan millones de euros, despidan a miles de trabajadores, implica defender la democracia, poniendo cortafuegos a la mentira, a la desinformación que circula en las redes sociales y significa defender los derechos digitales de los ciudadanos protegiendo a los menores de los contenidos de violencia que se propagan como una epidemia por las redes sociales.

Los jóvenes de hoy, son aquellos que tendrán que administrar el porvenir y por ello el mundo que se ha empezado a construir debe legar más justicia y más democracia. Con frecuencia se dice que el futuro es una conquista del progreso y que se mira lejos cuando se tienen cubiertas las necesidades del presente, pero en este momento hay millones de jóvenes que siguen sin tener acceso a una educación de calidad, a una vivienda digna o a un salario decente. La transición digital debe ser una oportunidad, no una amenaza para solventar esas desigualdades que afectan especialmente a los jóvenes y a su salud mental.

Víctor Camino
Diputado PSOE por Valencia y secretario general de Juventudes Socialistas